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MÉXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- Si en 1910 se hubiera aplicado una encuesta, es muy probable que el dictador Porfirio Díaz hubiera salido bien calificado, pues aquella se habría aplicado entre quienes sabían leer y escribir, los que vivían en las ciudades, y no en el resto de la población empobrecida.
Cien años después, sólo para comparar el momento y no los personajes, Felipe Calderón sale bien calificado en los sondeos, sin que nadie se explique por qué, sobre todo cuando ha crecido el número de pobres en todo el país y el gobierno calderonista ha resultado un fracaso absoluto.
Desde aquellos años, la fórmula de aumentar impuestos a la población, aunque estuviese empobrecida, ha sido utilizada para intentar paliar las recurrentes crisis económicas que ha sufrido el país. La fórmula más impuestos=más dinero, es la lógica que desde los reinados se aplicaba para obtener más recursos.
Felipe Calderón y su recaudador de impuestos, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, creen que esta fórmula es la solución principal a la situación de crisis económica del país, y la han acompañado de otras medidas, como el adelgazamiento del aparato de gobierno y otros ajustes al gasto público, a fin de cubrir el déficit de 300 mil millones de pesos que se dejarán de percibir en el 2010 por los ajustes del precio del petróleo, el crack financiero en Estados Unidos –que provocó una caída de la economía mundial– y la reducción de las remesas que los inmigrantes enviaban a sus familias desde aquel país.
El paquete económico presentado ayer, que aún deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, es una columna de viejos gravámenes, pero aumentados, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), todos los cuales serán aplicados a la población en general, pero impactará más a los que menos tienen.
Además de las alzas constantes en electricidad, gas y gasolinas, ahora tendremos que pagar nuevos impuestos en el uso de telefonía celular, telefonía doméstica e Internet. Y, por si fuera poco, se aplicará el impuesto a los depósitos bancarios por 15 mil pesos y no por 25 mil, como se venía haciendo.
El mayor engaño propuesto es el aumento de 2% al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplicará a alimentos y medicinas, junto con todos los bienes y servicios al consumidor, bajo el titulo eufemístico de “contribución para el combate a la pobreza”, lo cual resulta toda una contradicción, porque el sector que recibirá el mayor impacto es precisamente el más pobre.
Habría que preguntarle a Calderón y a Carstens si saben que en el país hay millones de familias en la miseria, que apenas tienen para medicinas y alimentos, y cobrarles un impuesto por estos bienes y servicios resulta una señal de desprecio a su condición de apremio.
La cascada de impuestos la completa el IEPS, que se aplicará al tabaco, con un aumento de 80 centavos a la caja de 20 cigarros, en primera instancia. Durante cuatro años, este impuesto se seguirá incrementando, hasta ubicarse en dos pesos por paquete.
También se ha propuesto un aumento de 28% en la cerveza durante los próximos tres años, tras lo cual su precio empezaría a bajar, hasta alcanzar el 24% en el 2014.
En tanto, en juegos y sorteos el IEPS pasaría de 20% a 30%, y en bebidas alcohólicas se contempla aplicar una cuota de tres pesos por litro a las que tienen más de 20 grados Gay Lusac.
Y, así, mientras la propuesta de ajuste económico recae en las espaldas de la sociedad civil, la sociedad política no sale afectada en lo más mínimo.
El Poder Legislativo le cuesta al país 9 mil millones de pesos al año, pues cada uno de los diputados cobra mensualmente 105 mil 370 pesos y, además, no pagan impuestos, porque esos los paga la Cámara baja. De su ingreso, los legisladores ahorran 12% para un fondo de retiro, y la misma Cámara les aporta una cantidad similar.
A esto se suman otros dos pagos mensuales: uno por 28 mil 772 pesos, de ayuda ciudadana, y otro por 45 mil 786 pesos, ¡por asistencia legislativa! Es, pues, otro sueldo por asiduidad, aunque sea su obligación.
Pero ahí no acaba todo. Los diputados también reciben un seguro de gastos médicos mayores para ellos, sus padres, su cónyuge y sus hijos, y además se les paga dentista, optometrista y lentes. También cuentan con gastos funerarios para la misma parentela, lo que representa un mes de dieta.
Esto sin tomar en cuenta los cupones de avión por cuatro boletos mensuales, tres si están en receso; ayuda terrestre de hasta diez mil pesos mensuales a los que viven en un radio menor a 300 kilómetros –incluidos los del Distrito Federal–, y una tarjeta IAVE para cada uno de los 500 legisladores, además de aguinaldo, vacaciones, ayuda para gasolina, pago de celular y asistentes, y en algunos casos coche y chofer.
Caso similar es el de los senadores, que reciben un bono de retiro de $1.6 millones de pesos. Y los consejeros del IFE, que recibieron un aumento en sus sueldos, ganan 330 mil pesos al mes, en tanto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se embolsan 347 mil pesos al mes.
Otros funcionarios del Poder Judicial, igualmente bien pagados, son los consejeros de la Judicatura Federal, que cobran 337 mil pesos mensuales; los magistrados del Tribunal Electoral, con un salario de 343 mil; los magistrados de circuito, quienes ganan 200 mil, y los jueces de distrito, que se embolsan cada mes 176 mil pesos.
La lista de privilegios se extiende a los caciques sindicales que también reciben del erario público tributos a su poder, tal es el caso de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y Napoleón Gómez Urrutia. A éstos se suman los líderes de los partidos y los gobernadores, como Enrique Peña Nieto, que gastan a manos llenas el dinero público. El ajuste económico ni por asomo los altera.
Y, al final, a este grupo político le interesa poco el aumento de los impuestos porque, paradójicamente, con ello se aplicará uno de los lemas de campaña de Calderón: primero los pobres.
