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México.- Las empresas en México destinan hasta 10 por ciento de sus ingresos al pago de sobornos y mordidas, con el fin de obtener facilidades en trámites relacionados con la prestación de servicios públicos y permisos de uso de suelo, entre otros, afirmó Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Lo anterior representa que en el país se gaste entre 7 y 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, casi un billón de pesos en prácticas de corrupción entre empresas y gobierno, siendo las micro, pequeñas y medianas las más afectadas, indicó Foncerrada.
“Lo que nos en1teramos es que en muchos de los casos, alrededor de 70 a 80 por ciento de las empresas, se encuentran ante la disyuntiva de pagar o no mordidas. Entre un 10 o 25 por ciento lo hace. El monto que representan estos pagos por permisos, por conexiones de servicios públicos, por impuestos, por sobornar a jueces o policías, llega a representar hasta 10 por ciento de sus ingresos. Es una cantidad extraordinariamente alta”, dijo.
De acuerdo con Michael Pedersen, director asociado del Foro Económico Mundial (WEF), la ineficiencia burocrática gubernamental es el principal factor que inhibe los negocios en México, seguida de la corrupción, según la opinión de 12 mil directivos de empresas en todo el mundo.
El directivo señaló que según las estimaciones del Foro Económico Mundial, anualmente se gastan mil 300 millones de dólares en prácticas de corrupción en todo el mundo; no obstante, precisó que de los países de América Latina en esta práctica, México se sitúa a media tabla.
En el país, explicó el directivo, la ineficiencia burocrática es el principal factor que inhibe la realización de negocios, seguido por los altos índices de corrupción que prevalecen en el mercado interno.
Al presentar la iniciativa de la Alianza contra la Corrupción, encabezada por el Foro Económico Mundial, la Cámara Internacional de Comercio Capítulo México, así como la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México, se invitó al sector privado nacional a comprometerse a reducir las prácticas de corrupción y a adoptar una política de tolerancia cero en actos de cohecho.
“En esta alianza se busca, al realizar una campaña desde la industria, combatir de manera efectiva la corrupción, diciendo no a esta práctica y tampoco participando en ella”, explicó.
Según datos del WEF, en el mercado interno existen por lo menos 130 representantes de organismos empresariales en México que apoyarán esta alianza contra la corrupción, y si bien no se trata de hacer un monitoreo sobre el tema, el objetivo es cambiar la percepción del sector privado para que no forme parte de tal actividad.
“Implica tener el compromiso de no tolerar la corrupción en ninguno de los trámites con los gobiernos, con las instituciones, en el trámite de cualquier permiso del rubro que sea. Como empresa me comprometo a no hacerlo”, señaló Foncerrada.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (imco), destaca que un país con alta percepción de la corrupción tiene sistemas de derecho en donde las reglas no son claras ni objetivas, por lo que generan un mayor grado de incertidumbre, lo que disminuye la la inversión, el crecimiento y la calidad de vida de sus habitantes.
– Claves
Acuerdos
• El gobierno mexicano ha firmado y ratificado tres convenciones internacionales en un esfuerzo por combatir la corrupción
• La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA; la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, así como la Convención de Mérida de la ONU.
• De 2003 a 2005 México retrocedió en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en el rubro de prácticas ilícitas, debido principalmente al exceso de regulación, así como de mayores ineficiencias burocráticas.
Antonio Hernández
