Once países de América Latina y Caribe mantienen como delito ser homosexual, según denuncia un informe sobre la situación de este colectivo presentado hoy al Gobierno español, al que se pide que ejerza el liderazgo entre los estados para que se impliquen con políticas antidiscriminatorias.
Las situaciones más críticas se registran en los países del Caribe que penalizan las prácticas sexuales entre dos personas del mismo sexo, algunos con la pena de muerte o con condenas de 10 años de cárcel, pero también en otros estados en que, como México tras la aprobación del matrimonio entre homosexuales, se ha incrementado la homofobia social.
El director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Duarte, encargado de recibir a los representantes de estos colectivos, ha destacado que España ha incluido en todas las agendas la defensa de los derechos de los homosexuales y se ha comprometido a enviar el informe a las embajadas para que se conozcan estas situaciones.
“La situación internacional es bastante positiva, se han dado muchos progresos en las leyes, pero somos conscientes de que no podemos exigir el mismo nivel legislativo a todos los países, sobre todo de África o del Caribe, por eso es importante ir poco a poco, pero empezando por la despenalización”, ha explicado a Efe el responsable del gobierno español.
El informe describe casos puntuales de discriminación y persecución por razón de sexo que se producen en este ámbito latinoamericano y alerta de que los índices de muertes de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales son “alarmantes”.
En países como Brasil, se implementan políticas públicas amplias y se expresa un gran apoyo a la defensa de los derechos que realizan las organizaciones LGBTI, pero no existe un marco legal que las convierta en políticas de estado, indica el informe.
“Se da la paradoja de que es en Brasil donde más crímenes de odio hacia personas LGBTI se están produciendo; en teoría hay una legislación donde se otorgan algunos derechos y se llama a la sociedad a que se protejan, pero bandas de limpieza social atacan a miembros de estos colectivos”, ha asegurado el coordinador del área de internacional de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Alejandro Alder.
Según el estudio, en Colombia, Ecuador y Bolivia se ha avanzado en la conformación de un sistema legal de gran protección, pero no tienen políticas públicas que garanticen su concreción. Respecto a Argentina y México expone las contradicciones que se expresan en avances desarrollados sólo en algunas ciudades y no en la totalidad del territorio. Sobre Chile, plantea que existen manifiestos de buenas intenciones que no se concretan en la mejora significativa de los marcos jurídicos.
Buscando el «efecto Argentina»El presidente de la FELGTB, Antonio Poveda, ha pedido al Gobierno argentina, que tramita en estos momentos la ley de matrimonios homosexuales, su intermediación con el resto de los países de su entorno para que su iniciativa tenga “un efecto dominó”.
“Hay muchas velocidades en Iberoamérica: países donde se penaliza la homosexualidad, países donde no hay ninguna ley que proteja a las personas homosexuales y donde hay muchos crímenes de odio, sobre todo en Brasil y México, y otros países, como Uruguay o Argentina, donde se va alcanzando la igualdad como ciudadanos”, ha señalado Poveda.
El informe recuerda que entre los miembros de este colectivo sigue manteniéndose el “temor a ser descubiertos”, en ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo o la calle, que se convierten en “escenarios de violencia para la diversidad sexual”.
Junto a las políticas de asilo y refugio, el Gobierno desarrolla un programa para “sacar a defensores de los derechos humanos de situaciones hostiles” que viven en sus países y traerles a España, donde pueden permanecer por un plazo máximo de un año, ha explicado el director de la oficina de derechos humanos, quien ha orientado a los representantes de estos colectivos sobre las diversas iniciativas que se desarrollan en el ámbito europeo.
