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MÉXICO, DF, 11 de septiembre (apro).- Si Felipe Calderón reafirmó su desprecio hacia los derechos humanos con su propuesta de colocar en la Procuraduría General de la República (PGR) a Arturo Chávez Chávez, la oposición mayoritaria en el Senado tiene todo a su favor para decirle “no” al Ejecutivo, haciendo valer el equilibrio de poderes.
Como ninguna otra propuesta para la PGR desde que el Senado tiene la responsabilidad de sancionar ese nombramiento, la eventual designación de Chávez Chávez ha generado tanto rechazo en el país que ya llamó la atención en el Parlamento Europeo, encargado de evaluar el Acuerdo de Complementación Económica México-Unión Europea.
El acuerdo, firmado en el gobierno de Ernesto Zedillo, está condicionado al respeto a los derechos humanos, tema por el que la gestión de Calderón ha sido cuestionada por otros gobiernos en Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (ONU).
La principal objeción de Chávez para llegar a la PGR es su paso como procurador general de Justicia de Chihuahua en el gobierno de Francisco Barrio, ahora embajador en Canadá.
Chávez Chávez fue severamente cuestionado, tanto en México como por la ONU, por sus actuaciones y omisiones que hicieron imparables los feminicidios en Ciudad Juárez.
Barrio, por cierto, al que Calderón hizo representante de México en Ottawa, fue recibido con reiteradas protestas por organizaciones canadienses en rechazo, precisamente, por las actuaciones de su gobierno en ese caso de vergüenza que puso a México en los medios de información internacional.
Además de su indolencia por los derechos del hombre, a Calderón lo debió mover un interés más pragmático para hacer su propuesta: tener un procurador a modo para utilizar sin reticencias el aparato de procuración y administración de justicia.
Desembarazado de Eduardo Medina Mora, desactivándole un frente a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Calderón buscar un procurador que haga de la PGR un aparato de persecución para fines políticos personales y de grupo.
Calderón precisa de un hombre como Chávez Chávez. En primer lugar es un panista probado. En el sexenio de Vicente Fox fue subsecretario de Gobernación con el fallecido Carlos Abascal.
Luego, como integrante del despacho de Diego Fernández de Cevallos, se dedicó a litigar contra el Estado mexicano.
Sería, de aprobarse su designación, el segundo procurador general que sale de ese despacho. El primero fue Antonio Lozano Gracia, el de la clarividente conocida como La Paca.
Suficientemente conocido en algunos círculos de poder, Chávez Chávez puede ser el hombre que más le acomode a Calderón.
Pero la procuración y administración de justicia no pueden estar en manos de una sola persona o de un grupo en particular, como sucede en los regímenes totalitarios. Por eso, el Senado tiene la obligación de rechazar las aspiraciones de Calderón.
Ya que estamos muy lejos de la autonomía del Ministerio Público –como ocurre en varios países–, la oposición en el Senado tiene el imperativo de rechazar la ignominiosa propuesta.
Lo deben hacer no sólo por su condición de opositores, sino porque el Congreso –en este caso el Senado– tiene los elementos para hacer efectiva la rendición de cuentas del Ejecutivo. Están ante una inmejorable oportunidad. Lo propio debiera ocurrir con las actuaciones de García Luna.
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