Acusados con frecuencia de aprovechar la curul para hacer grilla y holgazanear, los legisladores actuales tratan de marcar la diferencia con sus antecesores y se han dado a la tarea de presentar informes periódicos en sus respectivas cabeceras distritales; aquí hemos dado cuenta de varios eventos de esta naturaleza y ahora correspondió a una de las diputadas por Reynosa, acompañada de la clase política de la región, dirigir un optimista mensaje sintetizando sus actividades en el Poder Legislativo.
El trabajo en este primer período de sesiones fue productivo y con logros que benefician a los tamaulipecos, aseguró la Diputada Amelia Alejandrina Vitales Rodríguez, al hacer un recuento de sus actividades en el Congreso del Estado; ante la presencia de Anastasia Guadalupe Flores Valdez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política y cada vez más fuerte aspirante al senado de la república, AAVR informó en el municipio de Reynosa, de las actividades que realizan en el Poder Legislativo.
La representante por el Sexto Distrito Electoral con cabecera en Reynosa-Sur, señaló que como Presidenta de la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” en este 2011, se realizó un trabajo democrático y transparente, para designar como ganadora a la doctora reynosense María Lourdes Altamirano García; reveló que en las Comisiones en las que participa se han aprobado iniciativas para reformar las Leyes de Integración de Personas con Discapacidad y la de Estímulos y Recompensas.
Vitales Rodríguez afirmó que, al igual que sus compañeros Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, realiza trabajo de campo en el receso legislativo, con el fin de estrechar los vínculos con la sociedad, escuchar sus demandas y lleva a cabo gestiones que benefician a la población; comentó que las inquietudes de la ciudadanía las llevará a las Comisiones de las que forma parte, como son: Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Cultura, Salud, Justicia, Derechos Humanos, Equidad y Género, Especial de la Vivienda y la mencionada de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, lleva a cabo en varias escuelas primarias de esta localidad la Tercera Semana de Lectura en Inglés, acción que concluirá el viernes 24 de junio; al poner en marcha las actividades en la escuela “Juan B. Tijerina”, la directora de Inglés en Educación Básica, Alicia Zárate Caballero, señaló que los alumnos de primero a sexto grados tienen la oportunidad de practicar la lengua inglesa mediante la lectura de los cuentos ganadores en el concurso que recientemente se efectuó en este idioma.
“Diódoro Guerra Rodríguez, ha dado un gran impulso al programa para que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias a fin de que desarrollen sus habilidades de escritura, así como la forma de hablar, con un amplio vocabulario en esta lengua bajo la conducción de los docentes”, señaló Zárate Caballero, quien afirmó que estos espacios son para que los niños tamaulipecos tengan una comprensión más amplia del idioma inglés y son parte fundamental en un modelo de aprendizaje integral donde se buscan nuevas estrategias para que los conocimientos sean más vivenciales para los alumnos.
En otro ámbito, la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Dinorah Blanca Guerra Garza, concretó con el Gobierno Federal, siete municipios del estado y organismos de apoyo a migrantes un convenio para la construcción de obra pública; a través de esta dependencia, el Gobierno del Estado aportará durante el segundo semestre del año más de nueve millones de pesos para el mejoramiento social y urbano en los municipios de Aldama, Burgos, Mainero, Nuevo Morelos, Ocampo, San Carlos y Villagrán.
El apoyo forma parte del programa convenido 3×1 para Migrantes, en el que participan la SEDESOL estatal, la federación representada por la delegación de la SEDESOL en la entidad, siete municipios con fenómenos migratorios y clubes de apoyo a migrantes; cada cual aportará recursos en partes iguales que suman 36,782,136 pesos; el acuerdo se concretó durante la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) 2011, donde quedó asentada la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las comunidades más necesitadas.
En el evento, DBGG manifestó el interés de Egidio Torre Cantú, por emprender obras duraderas, con verdadero impacto en la sociedad, que permitan un cambio en el desarrollo de los municipios; estas, agregó, se determinarán de acuerdo a las propuestas de cada alcalde ante el COVAM, pues son ellos quienes conocen a fondo las necesidades de sus comunidades; la sesión fue presidida por el Encargado del Despacho de la Delegación de la SEDESOL en la entidad, Álvaro Humberto Reynoso Ríos; representando a la federación también estuvieron el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano, Rafael García López, y el Coordinador del Programa 3X1, Alexis Budhart Muñoz.
En otro orden, al reafirmar el compromiso por garantizar el desarrollo integral y sustentable de la actividad pesquera y acuícola, Egidio Torre Cantú envió al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Tamaulipas para su análisis y aprobación; el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, informó que esta iniciativa tiene como objetivo ordenar, fomentar y regular el aprovechamiento integral y sustentable de la pesca y la acuacultura; promover el mejoramiento de la calidad de vida, así como planear y regular la actividad.
Agregó que establecerá las bases y los mecanismos de coordinación con las dependencias de la administración pública, apoyará la investigación científica y tecnológica en la materia; llevará a cabo acciones de inspección y vigilancia, entre otros; “de aprobarse esta iniciativa de ley se crearía el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, que ejercerá como una instancia de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado”, dijo JARM, según información proporcionada por su vocero Humberto Zúñiga.
Indicó que esto ayudará a proponer políticas, programas, proyectos e instrumentos de carácter estatal, tendientes al apoyo de las actividades pesqueras y acuícolas, así como para incrementar la competitividad del sector; con este instrumento, el Gobierno del Estado otorgará certeza jurídica al sector pesquero y acuícola, y un fuerte impulso al desarrollo de las potencialidades y aptitudes de los cuerpos de agua y zonas de jurisdicción estatal; se pretende además promover un incremento en la cantidad y calidad de los productos pesqueros tamaulipecos, propiciando el desarrollo de las áreas rurales que se dedican a esta actividad.
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SI bien es cierto que el convenio signado entre los gobiernos federal y estatal relativo a la policía única en la vigilancia preventiva forma parte de la estrategia calderonista para enfrentar al crimen organizado, también es cierto que están surgiendo otro tipo de problemas colaterales
En efecto, la militarización de las policías preventivas en Tamaulipas ha generado seguridad y certidumbre entre los ciudadanos que confían en la honorabilidad de las fuerzas castrenses.
Sin embargo, en contraparte, tal medida ha provocado a su vez un marcado decremento en la vigilancia policial en la gran mayoría de las 460 colonias que integran la mancha urbana de este puerto fronterizo.
El temor de los policías militares a sufrir agresiones los obliga a patrullar en convoy o comitivas integradas por tres o más vehículos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública.
En consecuencia, los patrullajes se reducen a tan sólo cinco grupos de vigilancia, lo que, lógicamente, impide la cobertura total del área urbana y rural de la comunidad.
Lo peor del caso es que el convenio federación-estado no es muy explícito en cuanto a la cadena de mando, por lo que actualmente son dos jefes militares los que tienen bajo su responsabilidad la labor de vigilancia preventiva.
En teoría, el Secretario de Seguridad Pública Municipal es quien lleva la titularidad en esa área en el actual ayuntamiento que preside el ingeniero ALFONSO SANCHEZ GARZA. En la práctica, ese mando policial prácticamente ya no opera luego de que esa responsabilidad recae en quien encabeza a los 160 militares que sustituyeron a los elementos de la policía uniformada.
Incluso, la sede de la policía militar preventiva ya no se encuentra en las instalaciones municipales sino en un hotel ubicado al sur de la ciudad.
La escasa información al respecto, que se agudiza con el hermetismo tradicional del personal dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, impide que los medios de comunicación mantengan informada a la sociedad.
Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desconoce movilizaciones, operativos y resultados de la labor de patrullaje preventivo, el jefe que viene al frente de los policías militares se rehúsa a brindar cualquier información, remitiendo a los reporteros de la fuente a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero, independientemente de la falta de información, otro daño colateral del convenio entre los gobiernos federal y estatal es que está generando anarquía por la falta de una efectiva vigilancia de prevención del delito o atención a las llamadas de auxilio por parte de los vecinos.
El Bando de Policía y Buen Gobierno que regula el comportamiento ciudadano no es atendido al pie de la letra por los policías militares, toda vez que concentran su atención en recorridos por las principales avenidas en búsqueda de vehículos y personas sospechosas de estar coludidas con la delincuencia organizada.
La situación comienza a causar desesperación en las colonias de la periferia, principalmente, toda vez que sus llamadas de auxilio al 066 no tienen ninguna respuesta.
Los soldados del Ejército Mexicano habilitados como policías preventivos se niegan a atender llamados de robos, violencia intrafamiliar, riñas y otras actividades antisociales.
Las remisiones a la barandilla policial se han reducido a su mínima expresión, pues los efectivos militares no quieren perder su tiempo trasladando a la cárcel municipal a personas en estado de ebriedad u otros delitos menores contemplados en el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.
Es urgente que el alcalde ALFONSO SANCHEZ GARZA y los regidores comisionados en el área de seguridad pública analicen la problemática y se tomen decisiones que impidan el paso a la anarquía que pudiera presentarse en cualquier momento.
Además, la ausencia de información oficial es un factor adicional que provoca incertidumbre entre la población, sobre todo cuando tiene necesidad del auxilio de la fuerza pública municipal.
Definir la función del servicio de emergencia que representa el número telefónico 066 resulta ya de vital importancia. Dejar a la deriva los llamados ciudadanos en demanda de atención policial podría convertirse en una mala imagen para el Jefe de la Comuna.
Y hasta la próxima.
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