Lorena Figueroa
El Diario de El Paso
La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó ayer que los extranjeros tienen derecho constitucional a que sus abogados les informen sobre la amenaza de una posible deportación si se declaran culpables de un delito.
Lo anterior beneficiará a la comunidad inmigrante y evitará expulsiones del país injustas por el mal asesoramiento de abogados criminales que, en ocasiones, desconocen las leyes migratorias, comentó ayer aquí la directora de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, Ileana Holguín.
“Las leyes de inmigración son muy especializadas y en ocasiones es difícil para un abogado conocer bien las distintas áreas de los estatutos”, dijo.
Consideró que este desconocimiento se transforma en un mal consejo por parte de los abogados que reciben algunos inmigrantes con tarjeta ‘verde’ que cometieron algún delito.
“A diario tenemos llamadas o visitas al centro de residentes legales que tienen toda su vida viviendo aquí y que ahora enfrentan una posible deportación a su país de origen, del que a veces no conocen nada y ni siquiera hablan el idioma. Todo por estar mal asesorados”, comentó.
Holguín dijo que, aunque desconoce si es o no retroactiva, la decisión de la Suprema Corte beneficiará en los casos actuales de apelación a una deportación por parte de inmigrantes que se declararon culpables de algún delito sin conocer las consecuencias.
En un dictamen 7-2, el Máximo Tribunal amplió así la garantía consagrada en la Sexta Enmienda de la Constitución de obtener asesoría legal a los casos de inmigración, particularmente aquellos en los que un inmigrante podría ser deportado.
“Mantenemos que los abogados deben informar a sus clientes sobre si su (declaración de) culpabilidad acarrea el riesgo de la deportación”, dijo el juez John Paul Stevens, en nombre de la mayoría.
Explicó que la Máxima Corte tiene la responsabilidad, bajo la Constitución, de asegurar que ningún acusado, sea o no ciudadano estadounidense, esté a la merced de una asesoría legal “incompetente”.
A juicio de Stevens, el impacto de la deportación para las familias inmigrantes legales “sólo subraya lo importante que es que un abogado informe a su cliente no ciudadano que afronta el riesgo de la deportación”.
Sin embargo, los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas, los únicos dos en contra, consideraron que la obligación constitucional de un abogado sólo aplica a clientes en casos criminales y no debe extenderse a casos que impliquen la deportación u otras leyes migratorias.
El dictamen del Tribunal Supremo se produjo en el caso del hondureño José Padilla, quien solicitó a la máxima corte que anulara su declaración de culpabilidad de 2001 en el estado de Kentucky por cargos relacionados con el traslado de una gran cantidad de mariguana en su camión .
Bajo las leyes federales, una condena por cargos relacionados con narcotráfico puede conllevar a la deportación de un inmigrante.
Padilla, que lleva más de 40 años como residente legal en Estados Unidos e incluso prestó servicio en las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Vietnam, afronta un proceso de deportación después de que su abogado le indicase que no debía preocuparse de su estatus migratorio si se declaraba culpable.
El Tribunal Supremo envío el caso de nuevo al Tribunal Supremo estatal de Kentucky, que deberá decidir si anula la declaración de culpabilidad de Padilla.
El abogado de Padilla ante el Supremo, Stephen Kinnaird, elogió el dictamen, al que describió como un reconocimiento de cómo, cada vez más, se entrelazan las leyes criminales y de inmigración en Estados Unidos.
“Este caso tiene un impacto trascendental, porque va mucho más allá de Padilla. Le abre la puerta a miles de inmigrantes que admitieron culpabilidad, ignorantes de las nefastas consecuencias inmigratorias que eso traería”, dijo el abogado de inmigración José Pertierra.
