JENARO VILLAMIL/La alianza PVEM, televisoras y Atlacomulco
PROCESO.COM:
MEXICO, D.F,, 21 de julio (apro).- Esa anomalía política llamada el Partido Verde Ecologista de México fue nuevamente objeto de la polémica en el seno del Instituto Federal Electoral, organismo donde los niños del tucán también tienen a su servicio a un consejero.
El debate de este martes se centró por una nueva sanción de 1 millón 206 mil 38 pesos para este organismo y una cantidad exactamente igual para Editorial Televisa, empresa que publica TV y Novelas, así como 425 mil 248 pesos para Televimex, la concentradora de los canales 2, 5 y 9 donde se transmitieron, del 12 al 15 de junio, otra serie de spots disfrazados de promocionales a la revista dedicada al espectáculo.
Estas sanciones se suman a los 4 millones que antes definió el IFE contra el PVEM y una cantidad similar para Editorial Televisa, así como 5 millones para Televimex por los promocionales transmitidos del 3 al 11 de junio donde apareció el actor Raúl Araiza promoviendo la pena de muerte y otra serie de consignas que inventó el partido de la familia González Torres para ganar rating y votos.
En el caso de la nueva sanción, es muy claro que disminuyó sustancialmente el monto de la multa a Televimex, es decir, a los canales pertenecientes a Televisa. Algo similar puede suceder el próximo jueves si las intensas presiones que han ejercido personeros de TV Azteca en contra de consejeros del IFE logran que disminuya uno de los proyectos de sanción más importantes que se preparan en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego por violar reiteradamente durante 28 días la normatividad electoral.
En ambos casos, el PVEM juega un papel central como una filial ya no sólo del PRI sino, sobre todo, de las dos grandes empresas televisivas.
En el seno del Consejo General, el representante de éste partido, Jesús Sesma, quien también se presenta como vocero de los verdes, fue antes representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios que es dominado por las televisoras.
Y para documentar más su actuación como cabildero de las televisoras, el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Torres, después de sostener un encuentro de fin de semana con Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, demandó a sus “socios” legislativos que le entreguen la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados.
Para cerrar la pinza de los acuerdos de mutuo beneficio y protección entre el PVEM, el PRI y las televisoras, ayer fue designado como coordinador de la bancada de los 22 diputados “verdes” de la LXI Legislatura Juan José Guerra Abud, un personaje vinculado al exsecretario de Finanzas del estado de México, Luis Videgaray.
Videgaray es uno de los Golden Boys que ascendieron al control político y financiero del estado de México de la mano de Arturo Montiel y que juega un papel fundamental en las redes de protección de Enrique Peña Nieto, el verdadero candidato presidencial de la pantalla.
Guerra Abud también fue secretario de Desarrollo Económico cuando César Camacho fue gobernador del estado de México y en 1999 se sumó a la campaña de Arturo Montiel. En 2007, Guerra Abud fue invitado a participar en el Consejo Mexiquense de Infraestructura, el organismo creado por Peña Nieto para darle un papel fundamental como árbitro de los grandes negocios en la entidad a su tío y exgobernador, Alfredo del Mazo González.
De esta manera, el próximo coordinador de la bancada del PVEM será la pinza perfecta para afianzar los negocios entre el Grupo Atlacomulco –la dinastía que controla la vida política, económica y social del estado de México-, su gobernador Enrique Peña Nieto y las televisoras que se han beneficiado con multimillonarios contratos de promoción personal.
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JOHN M. ACKERMAN/Un fracaso monumental
La utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública ha resultado un rotundo fracaso. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días, y sobre todo en aquellos estados con mayor presencia militar como Chihuahua y Michoacán, demuestra que los militares no son más efectivos que los policías en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La “toma” de Ciudad Juárez por los militares a partir de febrero no ha tenido los efectos esperados. Después de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia se ha repuntado en los últimos meses. Hoy, en promedio mueren de forma violenta seis personas al día en esta ciudad fronteriza. En una encuesta levantada por El Diario de Ciudad Juárez en mayo pasado, más de 54% de los entrevistados dijeron que la inseguridad y la violencia en esa área ha empeorado en 2009 con respecto al período correspondiente al año pasado. El excelente reportaje de Marcela Turati publicado en la edición 1706 de Proceso resume de manera elocuente el fracaso del “experimento” en Juárez.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas siguen en franco aumento. Incluso el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, declaró en su comparecencia ante el Congreso el martes 14 que “la situación de Ciudad Juárez es un ejemplo de la necesidad de que el gobierno federal replantee su estrategia de seguridad pública, ya que la actual no parece rendir los resultados esperados. Es preocupante que el despliegue de las fuerzas federales no haya detenido la violencia que genera el crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, ha dado como resultado innumerables quejas por presuntos abusos contra personas inocentes”.
Los recientes informes de Human Rights Watch, así como los reportajes de The Washington Post y Los Angeles Times sobre el tema, tampoco dejan lugar a dudas. Casos como el del artero asesinato del luchador social y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Manuel Arroyo, el pasado 29 de mayo, y los recientes asesinatos de dirigentes mormones de la comunidad de Le Baron, simbolizan nítidamente lo que ocurre ante el caos y la falta de legalidad que imperan en el país.
Con la militarización de la lucha contra el narcotráfico le ha salido el tiro por la culata al gobierno de Felipe Calderón. La presencia de los militares en las calles no ha provocado más orden, sino mayor confusión entre la sociedad. Una ciudadanía acostumbrada a ser amenazada por armas largas a plena luz del día es una población sumamente vulnerable a los ataques del crimen organizado. Pareciera que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos perdamos nuestra capacidad de asombro, de denuncia y de protesta.
La situación actual es particularmente grave, ya que no queda claro a quién podríamos recurrir después del fracaso de las Fuerzas Armadas. La derrota definitiva de los militares dejaría abierto el camino para la propagación de milicias ciudadanas de autodefensa, tal y como ha ocurrido ante la total ausencia de la protección del Estado, por ejemplo, en las favelas de Brasil. Sin embargo, esta “solución” sólo genera mayores problemas, pues finiquita cualquier apariencia de un Estado de derecho y nos acerca a la barbarie.
El sistema de procuración de justicia del país también se encuentra en un estado desastroso. El abuso de la figura del arraigo evidencia la falta de desarrollo de un sistema de inteligencia criminal eficaz. En lugar de detener a los delincuentes una vez que la autoridad cuenta con información fidedigna respecto a los delitos cometidos, el gobierno prefiere capturar primero a los sospechosos e investigar después. Amén de ineficiente, esta estrategia implica una evidente violación a los derechos de los acusados.
Los gobiernos neoliberales siempre han insistido en que las cuestiones sociales tienen que empeorar antes de mejorar; argumentan que el sufrimiento producido en el corto plazo por la reducción del gasto público, la desregulación económica y la privatización de las empresas públicas desembocará en una mejora significativa en la economía en el largo plazo. Sin embargo, la terca realidad siempre ha desmentido este falso postulado, pues hemos visto que el dolor y los sacrificios solamente se han agravado más a partir de las recurrentes crisis de las últimas tres décadas.
Algo similar ocurre con el actual discurso con respecto a la seguridad pública. Una vez más, nuestros gobernantes buscan vendernos la necesidad de sacrificios en el corto plazo a cambio de una vaga promesa de paz y estabilidad en el futuro. Así como el agravamiento del hambre en el campo supuestamente sería un indicador del éxito de las estrategias de “ajuste estructural”, el aumento de la violencia, hoy, supuestamente revelaría el éxito de la estrategia de combate al crimen organizado. En ambos casos el gobierno miente en su afán por apaciguar a la ciudadanía.
Una vez más la opacidad sigue siendo la regla de oro. La cobarde negativa del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la vergonzosa complicidad del PRI al respecto, recuerdan la negativa del gobierno federal para esclarecer las operaciones de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante los noventa. En ambos casos el PRI y el PAN se alían con el fin de blindar el manejo del Estado mexicano del escrutinio público y la rendición de cuentas.
Así como ante la crisis financiera global resulta evidente que urge una transformación radical en la estrategia de desarrollo económico, también se requiere de un giro de 360 grados en la estrategia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en el país. De otra forma, los cimientos básicos del Estado moderno y de la democracia continuarán estando en riesgo.
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Proceso.com: Define AMLO con legisladores afines su propia agenda
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, D.F., 21 de julio (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, definió este martes, junto con varios perredistas y aproximadamente 20 diputados federales electos del PT y Convergencia, la agenda legislativa que promoverán en la Cámara de Diputados, de acuerdo con los lineamientos del Movimiento en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional.
Entre los presentes estuvieron Porfirio Muñoz Ledo, Pedro Jiménez, Laura Itzel Castillo, Mario di Constanzo, Jaime Cárdenas, Gerardo Fernández Noroña, Heron Escobar y el tabasqueño Adán Augusto López.
En la reunión, los participantes intercambiaron puntos de vista acordes con las propuestas lopezobradoristas y se pidió a los presentes que los acuerdos no trascendieran a los medios de comunicación.
Proceso.com: Da a conocer Ortega agenda legislativa del PRD
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, D.F., 21 de julio (apro). El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, dio a conocer un documento con los puntos de acción que los diputados electos impulsarán en la LXI Legislatura.
En una reunión privada con dirigentes parlamentarios y diputados electos, Ortega presentó las “Líneas para la agenda legislativa”, con propuestas para enfrentar la crisis social, política, económica, de seguridad social y de salud, mismas que serán analizadas y, en su caso, aprobadas durante el próximo Consejo Nacional, que iniciará el próximo jueves 30 y concluirá el 1 de agosto, en Morelia, Michoacan.
Los futuros legisladores acordaron impulsar una nueva reforma del Estado en la que se discuta el régimen presidencial y se incluyan nuevas formas democráticas.
Así mismo, propusieron un paquete económico para 2010 sin nuevos impuestos y la creación de empleos, además de una reforma fiscal y la elaboración de una ley de austeridad, así como reformas a la Constitución para garantizar la imparcialidad de los medios de comunicación.
En el documento que Ortega circuló entre los perredistas se hace mención a la disciplina partidista que debe tener la bancada del PRD en San Lázaro, pues, según él, sólo puede haber un grupo parlamentario y debe trabajar unido.
“Va a haber un solo grupo parlamentario, que va a trabajar para enfrentar la crisis. Consideramos que es urgente que todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados trabajemos en una ley de emergencia económica”, expresó el dirigente perredista.
Además, exhortó a los diputados electos a respetar la Constitución y comprometerse con el partido, así como representar al pueblo, defender el régimen democrático y respetar las propuestas de campaña.
También admitió que llamarán al PRI y al PAN para ponerse de acuerdo en una ley emergente para superar la crisis económica.
Sobre el nombramiento del nuevo coordinador, comentó que el nombre deberá ser aprobado por la fracción parlamentaria, pero mientras eso sucede, las corrientes impulsan ya a sus candidatos.
Así, Izquierda Democrática Nacional (IDN) buscará lanzar a Agustín Guerrero, Izquierda Unida (IU) a Alejandro Encinas y Nueva Izquierda (NI) a Jesús Zambrano.
“Estamos haciendo nuestro trabajo, pero como saben, el estatuto establece que el coordinador establece un acuerdo electivo entre diputados”, dijo Ortega, y anunció que convocará a una reunión entre legisladores para acordar la composición del grupo parlamentario.
El presidente nacional del PRD señaló también que la reunión del Consejo Nacional de su partido se realizará en Michoacán en respaldo total del perredismo al gobernador Leonel Godoy.
Y advirtió que mientras el gobierno federal no ataque las operaciones financieras de los cárteles de la droga, el narcotráfico se mantendrá como “un gran negocio” que permea todas las esferas de la sociedad mexicana.
Proceso.com: Crean sindicato de maestros opositor al de Elba Esther Gordillo
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, D.F., 21 de julio (Apro).- Maestros disidentes constituyeron hoy de manera legal el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNDTSE) que buscará hacerle contrapeso al oficialista SNTE.
Durante la constitución del nuevo organismo estuvo presente Carlos Jongitud Carillo, hijo del exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quien la asamblea aclamó como su líder moral.
En conferencia de prensa, Noé Rivera, excolaborador de Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del SNTE, prometió transparencia en el nuevo sindicato, cuya secretaría general estará encabezada por la maestra Leticia Guzmán Sepúlveda.
Así mismo, señaló que, para formalizar el trámite, acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que son trabajadores burócratas y pedirán que se les reconozca jurídicamente como disidencia del SNTE.
De acuerdo con Rivera, vocero del SNDTSE, aquel que haga referencia a su derecho de huelga será expulsado, y también dijo que los integrantes están impedidos por el estatuto para realizar marchas o manifestaciones en la calle.
“Ningún miembro de este sindicato dejará las clases o dará la espalda a los niños de México”, añadió.
Y afirmó que no es su pretensión exigir la renuncia de Gordillo al SNTE, sino de estar en la mesa de negociación con ella y con el gobierno federal, “para devolver el liderazgo perdido de los maestros”.
Proceso.com: Crimen castrense… por una mentada de madre
GLORIA LETICIA DíAZ
Una mentada de madre motivó que soldados dispararan contra un camión de transporte público, después de que lo habían inspeccionado en un retén y detenido a un pasajero por calzar botas castrenses.
En el ataque militar, efectuado la noche del 20 de junio en las inmediaciones de Huamuxtitlán, Guerrero, murió Bonfilio Rubio Villegas. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado se declaró incompetente para conocer el caso y lo delegó a la jurisdicción militar.
De acuerdo con el parte militar, integrado en la averiguación previa inicial, la balacera se suscitó después de que el chofer del camión de la línea Sur, Francisco Pizano Alejo, pidió a los soldados que firmaran el registro de los 41 pasajeros, para acreditar la detención de Fausto Saavedra, al que los militares acusaron de uso indebido de uniformes e insignias oficiales.
Según los soldados, el chofer “se trasladó a tomar el control del autobús y una vez sentado encendió el motor y en forma agresiva y violenta le dijo a las tropas lo siguiente: ‘¡Chinguen todos su puta madre!’, cerrando inmediatamente la puerta e iniciando su movimiento de manera rápida sin importar que hubiera al frente y a los lados militares”.
Aseguran que a 100 metros del lugar, otros soldados le marcaron el alto, pero “al apreciar que éste no detendría su marcha (…) las tropas efectuaron disparos al aire y a las llantas del citado automotor”.
El parte militar, fechado el 21 de junio, está firmado por los tenientes de infantería Julio César Gómez Sánchez y Juan Carlos Cruz Santos, así como por el sargento segundo René Morgan González, integrantes del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa, y fue trascrito por los abogados de la familia de la víctima, a los que la PGJ guerrerense les negó copia de la indagatoria abierta por el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas.
En la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, las tropas revisaron el vehículo y registraron “cinco impactos de arma de fuego (tres en la parte interior del costado izquierdo a la altura del guardaequipaje y dos en la parte superior trasera), entrando uno de los dos impactos traseros a la altura de la cabecera del asiento de atrás número 45”, lugar que ocupaba Rubio Villegas.
El camión, propiedad de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón, fue inspeccionado por agentes del Ministerio Público (MP), quienes no encontraron nada relevante, según la trascripción del expediente.
Más tarde, en algún momento no precisado en el parte militar, el comandante del 93 Batallón, el coronel Antonio Melchor Ruiz, ordenó “una revisión exhaustiva del automotor de pasajeros”. Donde los agentes del MP no encontraron nada, los militares localizaron cinco paquetes de mariguana, de lo que dio fe el inspector de la Policía Federal Francisco Contreras Nava, quien puso a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo la droga, el conductor y el vehículo.
La Procuraduría de Justicia Militar pidió copias del expediente el mismo 21 de junio. El abogado de la familia, Mario Patrón Sánchez, se enteró de eso el martes 14 y entregó un escrito a la agencia del Ministerio Público de Huamuxtitlán para pedir que la investigación del homicidio se mantuviera en el fuero común.
“Los agentes no querían recibir el documento –cuenta Patrón–. Llamé entonces al procurador (Eduardo Murueta Urrutia) para exigirle una explicación y él me dijo que la procuraduría había declinado su competencia a favor de los militares. Resulta grave que ni siquiera se haya notificado al denunciante del homicidio, en este caso José, el hermano de Bonfilio.”
Con 30 años de edad, Bonfilio estaba de paso; vivía en la Ciudad de México, donde era un albañil desempleado. Había ido a despedirse de sus padres porque a fines de junio pretendía migrar a Nueva York. Lo sepultaron el 24 de ese mes.
El abogado precisa: “no nos oponemos a que se investiguen y se sancionen las faltas a la disciplina militar, pero el homicidio es un delito del fuero común y en ese ámbito pedimos que se esclarezca el caso”.
Justicia a modo
Mario Patrón es coordinador del Monitor Civil de la Policía y los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero, proyecto sostenido por Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entre las principales irregularidades detectadas en las primeras actuaciones ministeriales destaca que no se puso a disposición del MP del fuero común a los militares que dispararon, a pesar de que se le solicitó al capitán Héctor Pérez Rodríguez, según se asienta en el expediente.
Tampoco se realizaron pruebas de rodizonato de sodio ni de balística; menos aún se hizo peritaje del tacómetro, como lo pidió el chofer, para corroborar el tiempo en que estuvo parado el autobús y la velocidad a la que circulaba cuando fue atacado.
Sólo se integró el testimonio de uno de los 40 pasajeros sobrevivientes, quien confirmó que el chofer “arrancó lentamente de manera normal, pero que se escucharon muchos disparos (…) por lo que muchos pasajeros le gritaron que le metiera porque nos iban a matar a todos”.
El abogado asienta que Monitor Civil solicitó inútilmente que en la averiguación previa se integrara el testimonio que el detenido Fausto Saavedra rindió ante el juez mixto de Huamuxtitlán, ante quien fue consignado por los soldados acusado de uso indebido de uniformes e insignias oficiales, por el simple hecho de calzar botas militares; fue puesto en libertad el 29 de junio por falta de pruebas.
Sostiene que “en ese testimonio Fausto desmiente que el chofer haya ofendido a los soldados y que, en cambio, éstos dispararon injustificadamente contra el camión cuando avanzó 30 metros. Por cierto, Fausto fue detenido por los militares después de las 10 de la noche del 20 de junio y fue puesto a disposición del juez hasta el día siguiente; de manera totalmente ilegal, estuvo casi 12 horas en instalaciones del 93 Batallón”.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dice que si bien las deficiencias en la integración de averiguaciones previas en el fuero común son constantes, “hay una actuación distinta cuando se presupone la participación de elementos de las fuerza armadas o de las fuerzas de seguridad pública federal: se les otorga el beneficio de la duda y se difiere la responsabilidad de la investigación ante la expectativa de ceder la jurisdicción”.
Por su parte, Ernesto López Portillo, director de Insyde, apunta que el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas es “un caso paradigmático y preocupante; se trató del uso de armas de fuego en contra de población indefensa y desarmada. Demuestra el extremo más perverso del uso de la fuerza, que es cuando se detona un arma de fuego contra una persona que no representa riesgo alguno”.
Monitor Civil está dedicado a la defensa de civiles y policías víctimas de violaciones a derechos humanos, y a proponer reformas a la operación de las distintas corporaciones policiacas en la montaña de Guerrero. El 5 de junio pasado, el abogado de esta agrupación Romel Cain Chacán Pale fue amenazado de muerte.
José Rubio Villegas asegura que el 24 de junio, antes de sepultar a su hermano Bonfilio en la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, de la que son originarios, recibió una llamada del comandante del 93 Batallón, el coronel Antonio Melchor Ruiz, para ofrecer el pago de los gastos funerarios.
El número telefónico que marcó el coronel Melchor Ruiz estaba registrado en el teléfono celular de Bonfilio, aparato que no fue entregado a la familia con las pertenencias de la víctima.
“En ese momento, por el dolor y el coraje, le dije al coronel que no quería saber nada de los militares y los mandé… muy lejos, no quise más hablar con él y colgué. Sabemos que si recibimos el dinero así nada más nos van a pedir que retirem os la demanda y es como si vendiéramos nuestra dignidad, como si nos estuviéramos comiendo a mi hermano”, dice José.
Antes de la llamada del coronel, recuerda, tres hombres de corte militar vestidos de civil llegaron a la casa familiar, se presentaron como abogados del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” y ofrecieron su mediación para cubrir gastos. Al advertir el engaño, la familia se negó a darles información.
José cuenta que “en la familia quedamos de acuerdo en que primero queremos justicia, que se castigue a los culpables, pero en el fuero civil, no en el militar. No nos negamos a lo que dicen los abogados, la reparación del daño, pero que sea conforme a la ley civil”.
Maestro normalista de profesión, José reconoce que el camino que va emprender la familia en busca de justicia es largo: “Los militares ya quieren cerrar el caso al solicitar los documentos al procurador, se quieren hacer su propia justicia, cosa que no estamos de acuerdo. Ahorita fue mi hermano, y si hoy no alzamos la voz, mañana quién será”.