Milenio.com:
México.- El Ejército mexicano permanecerá entre cinco y 10 años más al frente de la lucha contra el crimen organizado, salvo que el Ejecutivo federal ordene lo contrario o el Poder Legislativo emita un decreto que se lo impida.
Así lo afirmó el general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un encuentro a puerta cerrada con diputados de todas las fuerzas políticas.
Según confirmaron los legisladores Humberto Benítez, del PRI; Pablo Escudero, del PVEM, y Enrique Ibarra, del PT, el general secretario pidió, además, el respaldo del Congreso de la Unión para expedir un nuevo marco jurídico que clarifique la participación de las fuerzas armadas en el combate a las organizaciones criminales.
Los representantes de todos los partidos expresaron, a su vez, un respaldo unánime al Ejército en su lucha contra la delincuencia organizada, detalló la perredista Esthela Damián.
El priista Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, dijo que el general Galván anticipó a los legisladores la permanencia del organismo armado en la lucha contra los grupos criminales en un “horizonte” de entre cinco y 10 años.
Indicó que el general presentó un diagnóstico “integral y objetivo” sobre la operación de los grupos delictivos en México y pidió el apoyo del Poder Legislativo al nuevo marco jurídico en materia de seguridad nacional.
En la reunión Benítez manifestó la inconveniencia de mantener indefinidamente al Ejército en las calles y pidió a Galván fijar una temporalidad para la permanencia militar al frente de esta batalla, así como fortalecer las acciones de inteligencia en la materia.
Víctimas colaterales
El vicecoordinador ecologista, Pablo Escudero, confirmó que el titular de Sedena presentó un plan de acción de entre cinco y 10 años para la permanencia del Ejército en la lucha contra el crimen, “salvo orden contraria del Ejecutivo o decreto del Congreso”.
Dijo que el general Galván insistió en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional para “blindar” jurídicamente la participación militar en el combate a las organizaciones criminales.
Al igual que los legisladores priistas, Escudero solicitó, a nombre de su bancada, fijar plazos para el repliegue del Ejército a sus cuarteles y sustituir la actual estrategia con operativos “quirúrgicos” en algunas regiones focalizadas del país.
El también secretario de la Comisión de Defensa de Cámara de Diputados dijo que Galván reconoció algunos casos documentados de violación a los derechos humanos y de “víctimas colaterales” en la lucha contra los delincuentes.
Admitió, en ese sentido, la responsabilidad de algunos elementos castrenses, principalmente quejas por allanamientos domiciliarios sin orden judicial.
En su turno, el vicecoordinador petista Enrique Ibarra reafirmó que el plan de acción contra el hampa expuesto por el general Galván prevé un plazo de entre cinco y 10 años más con las fuerzas armadas al frente de la batalla.
Expresó, sin embargo, su preocupación por el nuevo marco jurídico que pretende la Sedena con la posibilidad de establecer estados de excepción y emprender cateos sin orden judicial en casos de flagrancia.
Ibarra cuestionó la constitucionalidad de la participación militar en tareas de seguridad pública, así como la violación de los derechos humanos por militares.
“Le dije al secretario de la Defensa que no puede pasar desapercibido el aumento de 500 por ciento en el número de quejas contra personal castrense, con el consecuente desgaste de las fuerzas armadas”.
La perredista Esthela Damián, de la Comisión de Defensa, señaló que a pesar de las diferencias en aspectos como derechos humanos y la legalidad de la intervención militar en la lucha contra la delincuencia, al final hubo en la reunión un apoyo unánime de todos los legisladores al Ejército.
Listo, predictamen que regula su actuación
••• En el Senado circuló un primer borrador del dictamen de Ley de Seguridad Nacional para regular la participación del Ejército en operativos policiacos. En el documento se plantea que esa actuación pase por la aprobación del Senado y sea sólo a petición de los gobiernos locales.
No prevé plazo para regresar a las tropas a sus cuarteles, pero el presidente del Senado, Carlos Navarrete, anticipó que no se concederán al Ejército facultades extraordinarias que violen garantías.
Dijo que comunicó al secretario de la Defensa que no hay consenso para aprobar diversas propuestas del Ejecutivo ni le van a conceder nada que atente contra las garantías individuales.
“Ni toques de queda, ni suspensión de garantías individuales, ni nada por el estilo. Lo peor que podría pasarnos es que los millones de mexicanos que tienen garantizados sus derechos constitucionales los perdieran o vieran afectados por el combate al crimen organizado”, dijo.
Antes de Semana Santa se avanzaba en un acuerdo de transitoriedad de 18 meses, plazo en el que las fuerzas armadas regresarán a sus cuarteles.
Los senadores Tomás Torres y Santiago Creel confirmaron que en vez del decreto se avanza a una posición intermedia. (México • Angélica Mercado)
Fernando Damián
